Estas decisiones abordaron principalmente el tema del aumento del predial en Monterrey, así como el nombramiento de la nueva titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Lorena de la Garza, quien preside esta comisión, explicó que ciertos vetos fueron recibidos fuera del tiempo estipulado por la ley o se referían a materias en las que el Ejecutivo estatal no tenía competencia para intervenir. Estos incluyen modificaciones a los presupuestos de ingresos de diversos municipios como Aramberri, Doctor Arroyo, y Galeana, entre otros.
“Los vetos recibidos estaban fuera del plazo legal o abarcan áreas en las que el gobernador no tiene atribuciones para vetar,” comentó De la Garza en una entrevista, resaltando la legalidad de las acciones tomadas por la Comisión.
Sobre el incremento de los valores catastrales en Monterrey, De la Garza destacó que el gobernador no presentó observaciones en los tiempos indicados por la ley, lo que llevó a desechar su veto. “Desde diciembre, advertimos sobre estos plazos. Al no cumplirlos, su propuesta fue desestimada,” añadió.
El caso del nombramiento de la titular de la CEDH, encabezado ahora por la doctora Olga Susana Méndez Arellano, también fue defendido por De la Garza. Afirmó que el gobernador puede vetar reformas legislativas, pero no decisiones internas del Congreso, como los nombramientos, remarcando la vigencia de este acuerdo.
“El proceso de designación en la CEDH es un acuerdo del Congreso, no una ley que pueda ser vetada por el Ejecutivo. Todas las acciones de la doctora Méndez Arellano tienen validez jurídica completa,” concluyó.
En cuanto al impasse sobre el alza en valores catastrales en Monterrey, De la Garza indicó que este asunto está siendo revisado en las instancias legales correspondientes. Actualmente, el Congreso enfrenta un desafío debido a la falta de publicación de ciertos acuerdos, una dinámica recurrente que esperan sea resuelta en poco tiempo.
