En 2013, el capitán de fragata de la Armada Mexicana, Raúl Sánchez Labrada, participó en uno de los operativos más relevantes contra el crimen organizado en México: la detención de Miguel Ángel Treviño Morales, alias El Z40, líder del cártel de Los Zetas. Lo que parecía un logro histórico pronto se convirtió en un calvario judicial.
El plan del gobierno contra líderes criminales
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el gobierno implementó una estrategia para capturar a 122 jefes del narcotráfico. El Z40, considerado uno de los criminales más violentos del país, estaba en la lista prioritaria tanto para México como para Estados Unidos. Sánchez Labrada, con formación militar en Estados Unidos y Guatemala, fue designado para encabezar la misión en Coahuila.
La operación en Anáhuac, Nuevo León
El capitán impulsó un sistema de denuncias ciudadanas confidenciales, coordinado con la Cámara de Comercio local, que incluía recompensas. Esa táctica permitió obtener información de un informante identificado como JEPA3, quien reveló datos clave para ubicar al líder criminal en Anáhuac, Nuevo León. El 15 de julio de 2013, las fuerzas federales lograron detenerlo sin disparar un solo tiro.
Del reconocimiento a la cárcel
Lo que parecía una victoria pronto cambió de rumbo. Meses después, Sánchez Labrada fue acusado de desaparición forzada y homicidio en un proceso lleno de irregularidades y sospechas de represalias. El militar fue condenado a más de nueve años de prisión, pese a su papel en la captura de El Z40.
La batalla legal continúa
Hoy, Sánchez Labrada sostiene su inocencia y espera una resolución del Tribunal Colegiado en Monterrey. Su caso, cargado de controversia, expone los riesgos que enfrentan los oficiales que combaten al narcotráfico y abre un debate sobre la justicia militar en México. La decisión final podría sentar un precedente en el país.
